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El Estado debe responder de sus intervenciones financieras, especialmente cuando utiliza el instituto soberano del crédito público. Garantizar las finanzas públicas y su fiscalidad extemporánea significa mantener republicanamente la seguridad del crédito nacional y la moralidad de los poderes públicos. El Principio de Moralidad, que informa toda actividad de la Administración Pública, exige que ésta se comporte de forma competente y honesta, siempre con el objetivo de realizar una finalidad pública, siguiendo caminos necesarios y útiles para la consecución de sus objetivos. El Estado debe tener interés en preservar el crédito público, nacional o internacional, porque tarde o temprano necesitará volver a utilizarlo. Desde la Revolución de 1964, la posición prioritaria en la acción gubernamental ha sido fortalecer el Crédito Público y el mercado de bonos gubernamentales, ya que el uso de estos instrumentos permitiría llevar a cabo programas esenciales para el desarrollo del país. De manera que no se podía escapar al pago de las Políticas de Deuda Pública.
A propos de l'auteur
Abogado. Especialista en Derecho Aduanero y Tributario. Especialista en Legislación Aduanera - Inmetro - Anvisa. Especialista en Clasificación Tributaria de Mercancías.
