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«Los brasileños son ciudadanos que se centran en lo que les afecta directamente, como el miedo a ser asaltados, pero no ven -o no quieren ver- la corrupción como un delito de profunda gravedad para la sociedad.» Nucci. En 2013, hubo manifestaciones públicas en todo el país, un hito provocado por los movimientos sociales contra los escándalos de corrupción política, como el caso Mensalão. Las protestas incluían reivindicaciones en los ámbitos de la sanidad, la educación, la vivienda y el transporte. Las Diez Medidas contra la Corrupción fueron formuladas por el Ministerio Público Federal, con el objetivo de reducir la corrupción en Brasil. Fueron presentadas en el Congreso Nacional como Proyecto de Ley 4.850/2016, cuya campaña recogió más de 2 millones de firmas. El documento fue polémico porque ofrecía restricciones a las garantías constitucionales. Este artículo comenta el llamado «Paquete Anticorrupción» y sus efectos en el sistema penal y procesal penal, las razones dadas por los Fiscales Federales en su declarada búsqueda de proponer mejoras en la dinámica social y político-administrativa de Brasil, así como soluciones en la lucha contra la corrupción, frente a los argumentos de los abogados penalistas.
About the author
Lauréat en droit de la PUCRS. Ancien boursier de la CNPq. Spécialisé en droit public à l'UCAM. Étudiant en maîtrise de philosophie à la PUCRS, boursier de la CAPES. Avocat. Chercheur travaillant dans les domaines suivants : Droit pénal, criminologie, philosophie du droit et argumentation juridique. Elle s'est distinguée par des prix et diverses publications.
