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Este trabajo se centra principalmente en la Acción de Registro y Embargo, no como medida cautelar prevista en el Código Procesal Civil (en los artículos 839 a 843), sino como acción que pretende salvaguardar el derecho material de quien tiene el derecho de posesión indirecta sobre la cosa que, por la enajenación fiduciaria en el contrato, está en posesión directa de otros, como es el caso de la venta al consumidor por enajenación fiduciaria. El tema en sí nos trae cierta repugnancia, en primer lugar por la fuerza de la palabra en la expresión Allanamiento e Incautación y en segundo lugar, porque la Ley 4.728/65 fue adicionada por la dictadura militar, de mayor violencia con los términos del Decreto Ley nº 966/69. Para defender los intereses de la industria y la comercialización de productos estancados desde la crisis de 1964, el desempleo, las revueltas y las huelgas que resultaron en el golpe militar, el gobierno militar creó el apéndice que garantizaría mayor seguridad a las empresas en detrimento de los consumidores, transfiriéndoles los riesgos empresariales inherentes a toda actividad mercantil y comercial, en lugar de exponer a los empresarios a la ley de la oferta y la demanda.
About the author
Laureato in Contabilità nel 1972 presso il Colégio Doze de Outubro, a São Paulo (SP), in Economia nel 1976 presso la FEFASP - Faculdade Economia e Finanças de São Paulo e in Giurisprudenza nel 2000 presso la USF - Universidade São Francisco - SP.
