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En este trabajo, el autor presenta un estudio a partir de la situación actual que vive el mundo en cuanto a las consecuencias negativas que acarrea el fenómeno de la corrupción en el sector administrativo. En particular, da cuenta de los efectos que se producen en los Estados, y más precisamente en la Administración Pública. Cuestiona la calidad normativa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y busca encontrar elementos para decantarse por una posición u otra, respecto de su efectividad en el marco de la lucha contra la corrupción. Con el objeto de medir las posibles deficiencias del sistema, lleva a cabo una microcomparación en base al análisis de la normativa existente tanto en Chile como en España, con la que deja en evidencia los puntos negativos y positivos de cada una de ambas normas. Para el desarrollo de lo anterior, el autor se dedica al estudio particular de la ley estatal española a través del análisis de sus bases constitucionales y conceptos, para luego adentrarse en el particular tema del conflicto de derechos al que se enfrenta este nuevo movimiento en búsqueda de la apertura de la Administración.
About the author
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales. Máster en Estudios Jurídicos Avanzados con especialidad en Derecho Público por la Universitat de Barcelona.
