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El proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil que se adelantó con los grupos paramilitares, ha sido, desde sus inicios, motivo de debates, de apoyos y oposiciones, tanto al interior de las fronteras nacionales, como fuera de ellas; países como los Estados Unidos y el Reino Unido, la han enaltecido. No obstante lo anterior, diversas Organizaciones no Gubernamentales y otros organismos independientes la han calificado de favorecer la impunidad de crímenes atroces. A la Ley de Justicia y Paz se le ha dado una infinidad de calificativos: se le ha motejado de ser un instrumento jurídico que propicia el amparo para los autores de masacres, de proteger a terroristas y narcotraficantes, pero también se le ha defendido como camino ineludible hacia la reconciliación, como herramienta para una justicia transicional, que posibilita que muchos combatientes entreguen las armas y se reintegren a la sociedad como ciudadanos de bien. Sin embargo, por mas efectivo que pueda ser el proceso a nivel nacional, en el internacional existe la posibilidad de que por los crímenes perpetrados la Corte Penal Internacional active su competencia.
About the author
Abogada de la Universidad del Norte, magíster en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente candidata a Doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.Docente investigadora con publicaciones en las áreas de DDHH, DIH y Penal Internacional.
