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En el marco constitucional venezolano de 1999, nacieron los denominados mecanismos de participación política en la esfera económica, entre otras la empresa social y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y solidaridad. Consecuentemente, el gobierno nacional en el año 2005, decide modificar el panorama empresarial tradicional, fomentando la creación de las llamadas empresas de producción social, que se constituyeron como requisito para contratar con Petróleos de Venezuela y Aluminios del Caroní. En este contexto, su crecimiento ha sido vertiginoso y el grado de importancia ha obtenido un sitial de transcendencia para el país. Por ende, es necesario la implementación de medidas favorables para los directivos y trabajadores de este tipo de empresas, donde se sientan las bases fundamentales, en aras de lograr su plena permanencia en el tiempo.
About the author
Abogado egresado de la Universidad Yacambú, Magíster Scientiarum en Derecho Mercantil Universidad Rafael Belloso Chacin, Candidato al Doctorado en Gerencia (UNY), Profesor e investigador de la Universidad de Falcón en las áreas de Derecho Constitucional y Mercantil, Autor de artículos arbitrados, adicionalmente es Consultor Jurídico de empresas.
