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La presente obra presenta una opinión diferente a la que oficialmente se ha venido haciendo a partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal del año de 2008, de la cual se dice es la solución a los problemas de administración de justicia penal en México. Sin embargo, esto no parece ser del todo correcto pues la implementación no ha resultado consistente y eficiente, desde la implementación de una segunda vía de justicia penal para aquellos delitos de delincuencia organizada y la reducción de derechos humanos y garantías procesales, lo que ha puesto en la mesa de debate algunas figuras jurídicas como lo son el arraigo, que a la fecha incluso existen sentencia que la declaran inconstitucional a pesar de que el legislador hábilmente haya elevado dicha figura a rango de constitucional con el simple hecho de haberla reglamentado en el propio texto de la carta magna.
About the author
Licenciado en Derecho por la Facultad de derecho de la UASLP de México, Maestro en Política Criminal por la Facultad de Derecho de la UASLP de México, Master en derecho penal internacional por la Universidad de Granada. Docente a nivel universitario e investigador independiente.
